Cholula, Puebla, a 25 de abril de 2024.- La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hizo una presentación del Índice de
Impunidad Ambiental de América Latina 2023, durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un
tratado internacional respecto a los protocolos para la protección del medio ambiente, realizado por una agencia de la Organización de las
Naciones Unidas.
En el marco de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), se realizaron distintos eventos
en paralelo con la finalidad de fomentar el intercambio de conocimientos, establecer redes de trabajo y compartir experiencias. Uno de ellos
estuvo a cargo de la UDLAP, quien alrededor del Índice de Impunidad Ambiental de América Latina 2023 (IGI Ambiental), entabló una mesa
de análisis sobre la importancia de las capacidades institucionales, el acceso a la información, y el reto de operacionalizar la justicia
ambiental.
Para este evento virtual, el Dr. Juan Antonio Le Clercq, académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, fue el
encargado de dar una introducción del IGI Ambiental, señalando que se enfoca en los problemas relacionados a la denuncia, investigación y
sanción de diversos tipos de delitos. “El índice analiza la existencia de las capacidades institucionales para hacer política ambiental, proteger
ecosistemas y garantizar el derecho al medio ambiente sano; de estrategias intergeneracionales; de degradación ambiental; y crimen
ambiental”.
Bajo ese sentido, la Dra. Celeste Cedillo, profesora de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, explicó que en el IGI
Ambiental se analizó a 33 países de América Latina, colocándolos en tres grupos acorde a los niveles de impunidad: Chile liderea el grupo de
media baja, Venezuela de media alta, Trinidad y Tobago tiene el nivel de impunidad más alto. “Esto nos está reflejando que hay necesidad de
trabajar en las capacidades institucionales, en todos los retos para el alcanzar los objetivos, para bajar la degradación ambiental, el crimen
ambiental y el mejorar las estrategias intergeneracionales”, agregó.
Por su parte, Azucena Cháidez, CEO de Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO) y parte del equipo de investigación del IGI
Ambiental, señaló que este estudio también visibiliza la poca o nula denuncia de delitos, da seguimiento de ellos y que son muy pocos casos
los reparados o castigados; esto a raíz de encontrar que el acceso a los datos no es abierto o no se genera en diversos países en América
Latina, por lo cual “la falta de datos imposibilita las acciones, la falta de políticas públicas y el diseño regional que permita atender los
problemas de justicia ambiental que existen en la región”.
Para Catalina Niño, directora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional en la FES (Fundación Friedrich Ebert), este esfuerzo de la
UDLAP y de distintos investigadores, muestra claramente a los gobiernos donde hay espacios de mejora, si bien se ha intentado establecer
programas o plataformas, no han sido lo suficientemente sólidos.
Cabe comentar que esta mesa de análisis se unió a distintas conferencias alrededor del mundo como parte de los eventos paralelos de la
tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional realizado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), agencia de la Organización de las Naciones Unidas; por lo cual la UDLAP se puso en el panorama
internacional junto a otras instituciones de prestigio.
