Dejar el Campus en depósito ante un Juzgado local de Puebla busca engañar
a la comunidad y esquivar responsabilidades y quebrantos a su patrimonio.
Con relación al comunicado apócrifo circulado ayer
sin fecha, ni firma y falsificando el logotipo de nuestra institución, la Fundación Mary
Street Jenkins hace los siguientes señalamientos:
● Se trata nuevamente de una versión engañosa que pretende simular ante la
opinión pública y la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla la
entrega de las instalaciones tomadas por asalto hace más de 7 meses.
● Las contundentes derrotas ante el Poder Judicial de la Federación del grupo
espurio, que mantiene tomado el Campus en Cholula, han provocado una
medida desesperada para hacer creer que por la vía de un juzgado del fuero
local en Puebla se puede devolver la Universidad a su Rectora, la Doctora
Cecilia Anaya.
● Es falso que una orden judicial manipulada desde el Gobierno del Estado de
Puebla tenga los alcances para evadir el cumplimiento de una suspensión
definitiva de amparo que están obligados a cumplir, para que el único patronato
legalmente constituido de la UDLAP, presidido por Margarita Jenkins de Landa,
reciba las instalaciones que fueron tomadas con violencia.
● Lo que arrebataron ilícitamente debe ser devuelto por los canales y
mecanismos que la propia ley establece y no consignando ante un juzgado
local las instalaciones de la Universidad.
● Hay una suspensión definitiva de amparo sin cumplir, el juez común en Cholula,
José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, ha evitado la devolución del
Campus, siguiendo el protocolo que determinan los tribunales federales ante
la presencia de un Notario Público.
● Se pretende aparentar que hay voluntad para restituir lo que tomaron por la
fuerza.
Existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro del
Campus y se desconoce el estado en que se encuentran las instalaciones, ante
posibles sustracciones de equipo, falta de mantenimiento y material que deben
revisarse ante un fedatario público antes de la devolución formal del recinto,
que no puede ser depositado para esquivar responsabilidades y quebrantos en
su patrimonio.
Si existe auténtica voluntad para devolver las instalaciones se debe hacer
a través del mecanismo que las leyes determinan y que estamos
impedidos para modificar.
● Sobre la supuesta renuncia de Armando Ríos Piter sólo resta decir que es
irrelevante, ya que no se puede renunciar a lo que nunca tuvo en calidad de
usurpador.
Desde la Fundación Mary Street Jenkins y la oficina de la Rectora Cecilia Anaya
Berríos hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que prevalezca la
prudencia y se evite validar actos irregulares provocados por el grupo espurio que
mantiene secuestrada a la UDLAP.
