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PAN PROPONE INICIATIVA DE LEY CONTRA LA FABRICACIÓN DE DELITOS, LA PERSECUCIÓN PENAL SELECTIVA Y LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta

Díaz de Rivera, la diputada federal, Ana Teresa Aranda, presentó la iniciativa “contra la fabricación de delitos, la persecución penal selectiva

y la violación sistemática del debido proceso y la presunción de inocencia”, que reforma los Artículos 220 y 225 del Código Penal Federal.

Señaló que actualmente, en México se utiliza la justicia y los instrumentos legales al servicio de los intereses del grupo en el poder, cuando

deberían ser puestos al servicio de la sociedad. La Presidencia de la República, con frecuencia, aplica la justicia penal de manera selectiva,

vulnerando de manera sistemática el Principio de Presunción de Inocencia.

La propuesta de iniciativa presentada por la diputada Ana Teresa Aranda, plantea adicionar el Artículo 220 Bis: “…El servidor público que

cometa un delito de desvío de poder, utilizando discrecionalmente alguna de sus atribuciones o facultades legales afectando ilícitamente de

manera directa o indirecta los derechos de una persona, se le impongan de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días de multa…”

Asimismo, se busca adicionar dos fracciones al Artículo 225 del Código Penal Federal, dentro de los delitos cometidos por servidores

públicos en contra de la administración de justicia. Por un lado, la fracción 38 que describe la conducta de ordenar o disponer la apertura de

una carpeta de investigación sin que proceda denuncia, acusación, querella o señalar supuestos ilícitos, sin la existencia de un debido

proceso, abusando del poder; y la fracción 39, que establece que acusar, señalar, nombrar o expresarse de manera que vulnere la presunción

de inocencia de una persona sin que esta hubiese sido condenada por virtud de sentencia firme. En ambos casos, se le impondrá una pena de

prisión de 3 a 8 años y de 30 a mil días de multa.

Acción Nacional señala enfáticamente que la utilización de las altas investiduras del servicio público, especialmente la del presidente de la

República, para atacar ilícitamente a los ciudadanos deber ser combatida de manera rotunda, el país requiere urgentemente restaurar el

Estado de Derecho.