Nosotras y nosotros, reunidas y reunidos en esta ciudad que dio origen a
nuestro Grupo, conscientes de los retos inmediatos que enfrenta América
Latina y el Caribe y de la necesidad inaplazable de que se sigan sumando
voces y fuerzas al progresismo latinoamerciano y caribeño:
Declaramos que el objetivo de este encuentro ha sido debatir, proponer y construir
mecanismos y transformaciones que nos permitan enfrentar, a través de una política de
protección basada en la integración regional, la soberanía y la seguridad, los múltiples
desafíos del mundo moderno, como la crisis medioambiental y el reordenamiento
geopolítico multipolar.
Expresamos preocupación por la Argentina, donde crecen candidaturas de ultraderecha
que, en nombre de la libertad y la democracia, prometen suprimir a los opositores como
si fueran enemigos, acabar con las instituciones y suprimir los derechos conquistados
por la ciudadanía durante décadas. Lamentamos los descalificativos lanzados por el
candidato de extrema derecha contra el Papa Francisco.
Advertimos el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe (LAC) de una derecha
antidemocrática que avanza, sin embargo, democráticamente, con esa vieja ideología, el
fascismo, que consiste en dividir entre «amigos y enemigos», y cuyas posturas en contra
del progresismo ponen en riesgo el pluralismo.
Denunciamos los intentos de sabotear la transición al nuevo gobierno electo en
Guatemala, liderado por el Presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin
Herrera, elegidos mayoritariamente en las elecciones del 20 de agosto. Así como
también denunciamos una guerra jurídica (lawfare) por parte de las autoridades
judiciales, para deslegitimar la candidatura ganadora del Movimiento Semilla,
incluyendo amenazas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Solicitamos a
las autoridades judiciales y disciplinarias proceder a sancionar las conductas del
ministerio público que alteran la democracia.
Apoyamos a Bernardo Arévalo para regir los destinos de Guatemala a partir de enero de
2024. Nos declaramos en emergencia para observar el proceso político hasta el 14 de
enero para garantizar el respeto por la voluntad popular e intentaremos hacer presencia
in situ.
Confíamos en que el proceso electoral en marcha en Ecuador, y que culminará en una
segunda vuelta el 15 de octubre, permita al país volver a la senda de la vitalidad
democrática y reponerse de las consecuencias de la persecución política que han
auspiciado medios e instituciones.
Así mismo, crearemos una comisión permanente de trabajo y acompañamiento al
proceso boliviano con el objetivo de afianzar la unidad del progresismo.
Enfatizamos en que el problema de la soberanía y de las intervenciones de potencias
extranjeras, sigue siendo un escollo para la profundización de la democracia y la
libertad en nuestra región. Solo durante el último lustro son numerosos los casos que
demuestran esta situación; a saber: Bolivia 2019 y el Golpe de Estado contra Evo; el
préstamo récord del FMI a Mauricio Macri, que condicionó e hipotecó la soberanía
económica de la Argentina; la intervención encabezada en Venezuela por Juan Guaidó,
y sus intentos de golpe y desestabilización; o las declaraciones, a lo doctrina Monroe, de
Laura Richardson que anuncian la intervención de EEUU en la región con la excusa de
frenar a China.
Recordamos que el escenario global, nos brinda a los habitantes de la región LAC una
oportunidad única para que, a través de una alianza regional, podamos defender nuestra
autonomía, dignidad y la seguridad alimentaria y material de nuestros pueblos.
Debemos superar la polarización a la que nos ha llevado la derecha radical y por eso
proponemos una alianza fundamentada en relaciones internacionales entre Estados y no
entre gobiernos.
Observamos con optimismo la reactivación del SICA, UNASUR y CELAC, y los
esfuerzos de coordinación de los distintos organismos subregionales, como la
contribución de la Corporación Escenarios de Colombia y del Banco de Desarrollo de
América Latina y el Caribe (CAF).
Creemos que una de las primeras tareas concretas de América Latina y el Caribe,
consiste en relanzar una nueva arquitectura financiera adaptada a sus necesidades,
centrando su mirada en la creación de una moneda única y propia, y una nueva
institucionalidad para manejar sus necesidades financieras de corto, mediano y largo
plazo. Así mismo, y como marco de referencia de este esfuerzo, el Grupo de Puebla
propone un MODELO SOLIDARIO DE DESARROLLO, para reemplazar el Modelo
Neoliberal, que se base en la inclusión social, la generación de valor, la transición
ecológica, en una institucionalidad social y en la construcción de una nueva ciudadanía
democrática.
Recordamos que históricamente han sido los países desarrollados, quienes más han
contribuido, globalmente, al desastre del cambio climático, y localmente, a la
destrucción de los ecosistemas de los países del Sur Global. Llamamos a asumir
responsabilidades diferenciadas para enfrentar una fenómeno compartido.
Respaldamos el protagonismo geopolítico, soberano y ecológico que está tomando
Brasil y Colombia de la mano de los presidentes Luis Inacio Da Silva y Gustavo Petro
para defender la Amazonía y revivir en ese sentido la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA).
Así mismo, y como marco de referencia de este esfuerzo, el Grupo de Puebla propone
un MODELO SOLIDARIO DE DESARROLLO para reemplazar el Modelo Neoliberal,
que se base en la inclusión social, la generación de valor, la transición ecológica y
energética, en una institucionalidad social y en la construcción de una nueva ciudadanía
democrática, tal como se viene proponiendo y desarrollando en países como Colombia a
través del liderazgo del presidente Gustavo Petro.
Invitamos a los dirigentes progresistas de Bolivia a encontrar espacios de reconciliación
que permitan la continuación del proyecto político.
Respaldamos junto con ello el rol de Brasil en los BRICS, alianza que ha reafirmado su
compromiso con el multilateralismo, y en contra de la oposición a las sanciones
unilaterales y de las barreras comerciales, y que ha puesto énfasis en la utilización de
monedas nacionales para transacciones financieras junto a su rechazo a la dependencia
del dólar.
Desdolarizar la economía significa que, en vez de utilizar una única moneda para
intercambio se utilice una canasta de monedas como lo están proponiendo Lula Da
Silva, los BRICS y varias regiones de Europa. Lamentablemente, esto está siendo
manipulado mediáticamente en Ecuador para afectar la campaña electoral, haciendo
creer que desdolarizar significa que las economías nacionales que utilizan el dólar como
moneda nacional lo abandonen. Rechazamos esta campaña sucia.
El Grupo de Puebla convoca a seguir respaldando los esfuerzos del Presidente Gustavo
Petro por alcanzar la paz. La estrategia de Paz Total en Colombia es la paz de la región.
También su llamado realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en
otros foros internacionales, a tomar acciones inmediatas para enfrentar la crisis
climática. Sus propuestas de canjear deuda por acción climática y pago por servicios
ambientales, para financiar las apuestas de protección ambiental, especialmente la Selva
Amazónica, deben ser acogidas por el conjunto de naciones latinoamericanas y
caribeñas, incluyendo el abordaje de la discusión urgente del cambio de modelo de
lucha contra las drogas.
El Grupo de Puebla reconoce las luchas feministas como motor de las transformaciones
democráticas y de los gobiernos y procesos populares de nuestros países, y hace propias
las justas reivindicaciones de las mujeres y las disidencias sexogenericas, que han sido
visibilizadas por el movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ+ en distintos
lugares del mundo.
Hace expresa su voluntad de contribuir a la lucha por la erradicación de todas las
formas de discriminación y violencia de género, contribuir a la conquista y garantías de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, impulsar el reconocimiento del
trabajo de cuidados como sostenedor de la vida y las economías, y como un derecho que
debe ser garantizado. Se declara por tanto, partícipe de su lucha por la igualdad de
oportunidades y derechos, desde una perspectiva de clase, popular, interseccional y
antineoliberal. No hay progresismo, ni democracias sanas sin la participación activa de
las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de poder político y de toma de
decisiones, por tanto, el enfoque de género debe ser elemento constitutivo de las
propuestas programáticas del progresismo y sus gobiernos. Además asumimos el
desafío de incorporar los temas de género y equidad en nuestros diálogos y reflexiones,
no solo desde las mujeres, sino que como conjunto de nuestro grupo, incorporando el
criterio de paridad en todos nuestros espacios de trabajo.
Invitamos a nuestros gobiernos a ser protagonistas y no testigos de los cambios que está
provocando la inteligencia artificial y su promesa de automatizar y reemplazar el trabajo
humano.
Denunciamos los juicios políticos y la guerra jurídica que buscan no otra cosa, sino la
supresión de los liderazgos progresistas en nuestra región, como ha ocurrido en los
casos de Cristina Fernández, Rafael Correa, Luis Inacio da Silva, Evo Morales y Marco
Enríquez-Ominami, entre otras y otros. Destacamos así mismo, los esfuerzos del
Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo de
Puebla para visibilizar el lawfare y trabajar infatigablemente por la soberanía jurídica y
el respeto a los derechos humanos.
Condenamos los intentos de desestabilización y golpes contra Xiomara Castro en
Honduras. Llamamos la atención de una ofensiva en su contra que busca replicar
atentados recientes contra la democracia y el progresismo.
Demandamos el fin a la persecución político-judicial y al lawfare dirigido a destruir
opositores políticos, líderes y lideresas populares y de la sociedad civil, incluyendo
periodistas independientes, así como el respeto al Estado democrático de derecho, a la
institución de la alternabilidad en el poder y la no reelección establecidas en la
Constitución desde la fundación de la República de El Salvador, el levantamiento del
estado de excepción permanente y el total respeto a los derechos humanos exigido por
los relatores de la ONU.
Llamamos la atención sobre la importancia del tema migratorio, y exhortamos a los
Estados para hacer realidad los derechos de las y los migrantes. Celebramos los
esfuerzos recientes de los gobiernos de Colombia y México de convocar a la región para
hacer frente a la constante violación de derechos de quienes migran en la frontera sur de
los Estados Unidos. Nos preocupa la criminalización de los migrantes. Como
progresistas, invitamos a ver la migración como un derecho para llegar a un consenso
regional y tener una voz propia frente a Estados Unidos.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y saharaoui y reafirmamos
nuestro compromiso con la autodeterminación de los pueblos y la independencia de la
República Arabe Saharaui Democrática y Palestina.
Celebramos la candidatura de Claudia Sheinmbaum y damos nuestro apoyo para el
proceso democratico y plural de Morena.
Reconocemos que el narcotráfico es un reto global y transnacional. La llamada guerra
contra las drogas ha fracasado, agravando el problema en lugar de resolverlo, como han
señalado diversas organizaciones y líderes políticos. Los países que son los principales
consumidores, deben asumir su responsabilidad y buscar alternativas de solución que no
generen más muertes que las que provocan por sí mismas las drogas. El fenómeno
mundial de las drogas no debe seguir enmarcado como un problema de seguridad sino
de derechos humanos. Así entendida, la nueva política debe tomar en cuenta a los
eslabones débiles de la cadena de las drogas como los campesinos, los consumidores,
los adictos, los micro distribuidores y las mulas que la transportan en pequeñas
cantidades y atacar con energía con los eslabones duros de la cadena como las
organizaciones criminales, los narcotraficantes, lavadores de dineros ilícitos y
contrabandistas de precursores químicos.
Agradecemos al gobierno de Puebla por su hospitalidad y generosidad incondicionales.
En virtud de todo lo anterior llamamos a :
– La Integración regional para defender la autonomía, la dignidad y la seguridad
material de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, destacando la reactivación de
UNASUR y el rol de CELAC, así como la coordinación entre diferentes organismos
subregionales y la creación de una nueva arquitectura financiera adaptada a las
necesidades de la región, incluyendo la propuesta de una moneda única y una nueva
institucionalidad para manejar las necesidades financieras.
– Reemplazar el Modelo Neoliberal por un MODELO SOLIDARIO DE
DESARROLLO, enfocado en la inclusión social, la generación de valor, la transición
ecológica, una institucionalidad social y la construcción de una nueva ciudadanía
democrática.
– Actuar frente a la crisis climática y exigir a los países desarrollados que ratifiquen los
protocolos y acuerdos globales de cuidado medioambiental y apostar por la promoción,
difusión y acciones que permitan la concreción de los Acuerdos de Escazú.
– Ucrania y Rusia, para decretar un cese temporal al fuego y explorar la posibilidad de
un diálogo en busca de la paz, siguiendo las propuestas de varios líderes internacionales
como Xi Jinping, Luis Inacio da Silva y el Papa Francisco.
– Que los gobiernos progresistas impulsen medidas para erradicar todas las formas de
violencia contra las mujeres, y promueban la equidad, derechos y oportunidades con
perspectiva feminista.
y, denunciamos:
– El lawfare, que continúa suprimiendo los liderazgos progresistas en la región.
– Las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela y Cuba. Estos actos no
solamente violan la carta de derechos humanos, sino que significan una declaración de
guerra y actos subsecuentes que golpean a los más vulnerables.
– El injerencismo de la OTAN y la exacerbación de conflictos geopolíticos.
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En el IX Encuentro del Grupo de Puebla CLAJUD advierte sobre la ruptura de las
instituciones democráticas y la agudización del Lawfare en América Latina
CLAJUD reitera su apoyo a las compañeras y compañeros del movimiento progresista en
América Latina ante la persecución de sus partidos políticos, el desconocimiento -en algunos
casos institucional- de sus resultados electorales y el uso de los poderes fácticos para
desprestigiar los gobiernos que promueven el cambio.
Tras el triunfo progresista en Guatemala y en las elecciones de primera vuelta en Ecuador,
sumado a la avanzada de los gobiernos alternativos en Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y
Honduras, se advierte una serie de actuaciones político judiciales irregulares en algunos de
ellos: la anulación de la Personería jurídica del partido semilla y la toma del tribunal supremo
electoral por parte de la Fiscalía en Guatemala, la persecución de la Fiscalía General de la
Nación contra el hijo de Gustavo Petro en Colombia en la medida que se utiliza contra el
Presidente Petro, asi como la accion del Consejo Nacional Electoral sobre responsables que
encabezan candidaturas electorales alternativas en territorios, dilatando los mecanismos
procedimentales de impugnacion que, en definitiva buscan la eliminacion del derecho a ser
elegibles; los constantes intentos de golpe de Estado contra Xiomara Castro en Honduras, la
persecución judicial y el atentado contra de Cristina Fernández de Kirchner, la falta de
independencia y parcialidad del poder judicial en Ecuador, las graves violaciones a los
derechos humanos de los manifestantes en Perú por parte del gobierno de Dina Boluarte, la
investigación sumaría a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia en Peru que
apuntaría a la búsqueda de impunidad y la captura del sistema electoral, la criminalización de
la oposición política en El Salvador y los juicios arbitrarios contra sus lideres; ponen de
presente la intención de desconocer los resultados democráticos, afectar la contienda electoral
y desestabilizar a los gobiernos legítimos criminalizando los mandatos populares.
Desde CLAJUD condenamos la presencia sistemática del Lawfare en América Latina y la
judicialización de la política, rechazamos las medidas coercitivas unilaterales hacia
Venezuela y Cuba e insistimos en el cese del ataque a las condiciones básicas de la
democracia, como son las libertades políticas. Es necesaria la finalización de estas
actuaciones para garantizar la consolidación de una agenda progresista que responda a los
desafíos globales.
