* El objetivo es garantizar a la ciudadanía el derecho a una movilidad segura.
Con el propósito de que las unidades de
transporte público cumplan con los requerimientos
necesarios de seguridad para trasladar a la
ciudadanía tlaxcalteca de manera eficiente, la
Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT)
realizó operativos de inspección en la ruta Apizaco-Tlaxcala,
por lo que aseguraron un total de 10 unidades
que ofrecían el servicio sin autorización.
Las acciones emprendidas por la dependencia estatal,
son en apego a la instrucción de la gobernadora Lorena
Cuéllar Cisneros de regularizar y mejorar el servicio que
brinda el transporte público a favor de los usuarios.
La titular de la SMyT, Luz María Vázquez Ávila, precisó
que el objetivo es actuar en el marco de la ley, para
garantizar a las y los ciudadanos el derecho a la
movilidad en unidades acreditadas por las autoridades
competentes, por lo que es indispensable que cuenten
con registro, póliza de seguro del viajero vigente y
que se encuentren en condiciones mecánicas
óptimas de operación, a fin de responsabilizarse
de los usuarios en caso de algún tipo de percance.
La funcionaria estatal informó que, como resultado
de este operativo de supervisión, se infraccionaron
a los operadores de cinco unidades de la empresa
Expresso Xicohténcatl quienes por años han
prestado el servicio en la ruta Apizaco-Tlaxcala
sin contar con ningún tipo de autorización en la
entidad, lo que pone en riesgo a los usuarios.
Asimismo, la dependencia sancionó cinco
unidades de la empresa Autobuses Tlaxcala,
Apizaco, Huamantla S.A de C.V. (ATAH), las
cuales no contaban con la concesión respectiva
para prestar el servicio en la misma ruta.
Vázquez Ávila abundó que para no afectar la
movilidad del público que viajaba en las unidades
automotoras sancionadas, brindaron apoyó
para trasladarlos a su destino de manera gratuita.
Advirtió que intensificará las acciones de supervisión
y vigilancia para garantizar la seguridad de la población
tlaxcalteca y brindarles el servicio digno y eficiente que demandan.
Por tanto, llamó a quienes se dedican a realizar
este tipo de servicio sin autorización, abstenerse
de continuar esta práctica, ya que hacerlo constituye
una violación de acuerdo con lo que establece el artículo
396 del Código Penal del Estado en su Capítulo
III, delito contra la prestación del servicio público de
transporte sin concesión, permiso o autorización
del Gobierno del Estado.
