CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el compromiso firme de combatir la corrupción e impunidad, así como garantizar la transparencia y
rendición de cuentas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió durante el ejercicio 2021 mil 272
expedientes de investigación con relación a las denuncias recibidas por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas
cometidas por servidores y ex servidores públicos durante los años 2016 a 2021, destacó la titular de la dependencia, Amanda Gómez Nava,
como parte de la Glosa del Tercer Informe de Labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Ante las y los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, la funcionaria expuso que, de los
316 procedimientos de responsabilidad administrativa radicados, 67 correspondieron a faltas graves, y en el año 2021 se emitieron 67
resoluciones de las cuales en 24 fueron impuestas destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones y en 21
suspensiones.
En este sentido, añadió que la dependencia a su cargo integró expedientes de presunta responsabilidad administrativa que fueron remitidos
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para su resolución por tratarse de faltas graves que involucran desvío de
recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado, vinculados con actos realizados por ex servidores públicos.
Asimismo, dijo, presentó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos ex servidores
públicos que, en uso de sus funciones, realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito.
Para fortalecer el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo, así como transparentar el uso de los recursos públicos en la
ejecución de programas sociales, declaró que la Secretaría realizó 18 mil 057 acciones en materia de contraloría social en 202 municipios;
entre las que destacaron la capacitación a 11 mil 117 personas (entre servidores públicos estatales y municipales, beneficiarios de programas
sociales e integrantes de comités de contraloría social), así como la aplicación de 6 mil 940 cédulas entre los beneficiarios de diferentes
programas sociales, obras y servicios.
