La imagen de unos niños trabajando en condiciones peligrosas en una fábrica,
una niña cargando pesadas canastas de hortalizas bajo el sol,
un joven en un crucero haciendo malabares,
un niño limpiando parabrisas,
una muchachita vendiendo dulces o un infante mendigando junto a su mamá,
aulas vacías…
son escenas que no deberían existir en un país
que ostenta aún ser una de las veinte principales economías del mundo,
signatario de más tratados de libre comercio que cualquier otro país en el mundo
y siendo parte de organizaciones de derechos humanos
y demás acuerdos internacionales, entre otros;
sin embargo, la realidad del trabajo y explotación infantil
siguen siendo una herida en la sociedad mexicana y,
lamentablemente, en la mayoría del mundo.
Usualmente los niños que son sometidos a situaciones similares
en países avanzados son inmediatamente rescatados por parte del Estado,
quien asegura el bienestar de todos los ciudadanos,
especialmente de los más vulnerables, sin embargo,
eso es una tarea que en México se da a cuenta gotas.
Contra nuestros mejores deseos,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
establece que a la fecha, México es el segundo país de América Latina
con mayores índices de trabajo infantil, superado sólo por Brasil.
En nuestro país,
la legislación sobre el trabajo infantil está zanjada de una manera muy clara
en su artículo 123, numeral III:
“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis
tendrán como jornada máxima la de seis horas.”
De este artículo se desprenden diversas legislaciones
y acuerdos internacionales en los cuales hemos sido países signatarios,
por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo,
que ha promovido la firma del Convenio 182
sobre las peores formas de trabajo infantil y del Convenio 138,
que versa sobre la edad mínima de admisión al empleo,
adoptado en Ginebra, Suiza, el 26 de junio de 1973 y ratificado por México hasta el año 2015,
manteniéndose por décadas por ser el único país que no había ratificado este acuerdo.
Por otra parte, el Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
nos dice que “el trabajo infantil constituye una violación de los derechos humanos,
los niños y niñas ocupadas sufren accidentes o enfermedades laborales,
se emplean en lugares no apropiados o no permitidos, tales como minas,
lugares sin ventilación o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas o, incluso,
están expuestos a alguna clase de riesgo en su trabajo.”
Claramente hemos tomado consciencia como sociedad
que obligar a los niños a trabajar o no proveer las condiciones
necesarias para que estos niños sean rescatados por el Estado
es violar sus derechos humanos,
arrancar sus derechos a seres humanos que no cuentan
con las condiciones para defenderse ante estos abusos.
Contrario a lo que establece la Constitución,
alrededor de 2,536,693 menores de 14 años trabaja,
dicho en otras palabras, uno de cada seis niños, niñas y adolescentes de México
menores de 14 años están en los escalafones más bajos el mundo laboral,
en lugar de jugar y aprender en las aulas.
800 mil niños, niñas y adolescentes (29.3% de todas las personas menores que laboran en el país)
trabajan más de 35 horas semanales.
La mitad de estas personas no pueden dedicar tiempo al estudio, por lo tanto,
sus posibilidades de salir del círculo de la pobreza son muy reducidas,
por no decir, casi inexistentes.
La mayoría de estas personas trabajan en el comercio y en servicios,
pero algunos trabajan aún en cosas tan riesgosas como construcción (4%),
industria manufacturera (15%) y otras,
sin olvidar a las personas menores que sirven al crimen organizado.
El 47% de las personas menores de edad que trabajan no reciben un sueldo,
sino que trabajan para colaborar con la familia.
La peor situación la viven los menores de edad de las zonas rurales,
ya que trabajan seis días a la semana,
incluso todos los días, entre 8 y 10 horas diarias,
cuando La OIT y la normatividad mexicana establecen que los menores de 15 años
no deben trabajar del todo, mientras que los de 16 a 18 años
sólo pueden hacerlo en periodos máximos de seis horas,
en condiciones que no pongan en riesgo su salud física, mental y emocional.
Incluso, en muchos lugares los mayores de 16 años trabajan seis horas consecutivas,
cuando la legislación establece que debe haber descansos cada tres horas.
Actualmente, la pandemia mezclada con la austeridad
y un manejo de la Salud Pública y la Economía que han llegado a extremos seriamente cuestionables,
han empujado a más de 12 millones de nuevos mexicanos a la pobreza.
Los datos proporcionados por CONEVAL en este alto 2021,
mismos que el Gobierno Federal desestimó,
dicen que 3.8 millones de mexicanos pasaron al rango de la pobreza,
mientras que 2.1 millones de personas pasaron a la pobreza extrema.
Me preocupa que ante esos resultados, el señor Presidente afirmó
que no habrá cambios en su política social,
porque él considera que el país va bien y que no hemos perdido la fe.
Por otra parte, personajes como la Senadora Josefina Vázquez Mota
señala que más de dos millones de menores de edad se sumarían al trabajo infantil,
debido a la crisis económica, fruto del estancamiento económico registrado
desde diciembre de 2018 y la pandemia del COVID-19.
El problema ha golpeado con gran fuerza a toda América Latina
desde la primera ola, por ello, caravanas de migrantes y refugiados
están lanzando a las personas menores de edad a trabajar en otros países.
En nuestro caso, 2017 a 2019, cerca de 100 mil niñas y niños habían ingresado
de otros países a trabajar en México.
La pandemia ha exacerbado la migración en este año especialmente,
por lo tanto es de esperar un alza en este número de niños,
niñas y adolescentes extranjeros que laboran en nuestro país.
Las causas del trabajo infantil son múltiples,
pero podríamos definir que son la pobreza,
la falta de salarios justos, las carencias en protección social y la falta o las deficiencias de educación formal.
En primer lugar la pobreza, una situación de la que no hemos salido,
sino que, por el contrario, se ha experimentado un descenso del PIB desde el año 2019
y un aumento de las que pasan a la pobreza, como lo informó CONEVAL.
Los empresarios sin conciencia de justicia social,
de liderazgo para el futuro y limitados por el cortoplacismo
sin escrúpulos han tenido una gran responsabilidad en que en México
los salarios sean tan bajos y que los empleados sientan
que no vale la pena esforzarse porque aquí no se crece laboralmente;
pero el Estado también ha tenido una gran responsabilidad
al no ser un fiel garante de que se cumpla con la legislación
en materia laboral y en actualizar al país en esta materia.
Los últimos cambios surgieron por las obligaciones contraídas por el T-MEC,
pero de no ser por la presión externa,
pareciera como que estamos tomados por un acuerdo en lo oscuro
entre el poder político y el poder empresarial.
Menores de edad que no cuentan con escuelas y colegios,
pueden caer presas del vicio y la marginación,
por ello, muchos padres deciden que sus hijos trabajen
para aprender al menos un oficio,
pero hay también muchos menores de edad
que dejan los estudios por las deficiencias en la educación,
lo que hace que esta no sea significativa.
Una experiencia de la educación que no sea significativa,
ni atractiva, ni actualizada para las nuevas generaciones
hace que aumente el fenómeno de la deserción y con ello,
un incremento en el trabajo infantil.
Pero no solo eso, debido a la pandemia los centros de estudio
tuvieron que cerrar y millones de niños, niñas y adolescentes
quedaron fuera del mundo educativo debido a que no contaban
con medios electrónicos para poder continuar con sus estudios,
así que tuvieron que dedicarse a trabajar.
Por lo tanto, es un problema muy complejo
que requiere realizar reformas en cada uno de estos aspectos.
Las cifras que tenemos actualmente no son nada alentadoras
y las cifras que tendremos próximamente sobre lo que ha pasado durante la pandemia serán más retadoras.
Debemos tomar cartas sobre el asunto en este mismo momento y como ciudadanos
presionar a nuestros legisladores y legisladoras para que dejen el partidismo y se unan
en una legislatura que realice los cambios necesarios para que se dedique más recursos
y esfuerzos al cuidado y bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Debemos presionar a nuestros legisladores para que establezcan leyes y procedimientos
que hagan que todas las ayudas sean transparentes
y que no consistan en entrega de dinero solamente,
sino que además de que toda ayuda sea auditable,
debe supeditada a participar en programas para el desarrollo
de las competencias de las personas.
Se debe nutrir el presupuesto para la salud y la educación,
no asfixiarlo hasta que no sea posible hacer ni lo mínimo necesario.
Toda la legislación laboral debe considerar el bienestar de las familias
y que todo lo que beneficie a las familias, beneficiará a los menores de edad.
También debemos presionar a nuestros legisladores y legisladoras
para que se realice una Reforma Educativa que ponga a México
al nivel al que se espera en esta nueva era.
La educación debe ser significativa, grata, útil y actual
para que nuestros menores de edad no cambien las escuelas por la calle o los lugares de trabajo.
La situación del trabajo infantil en México y su legislación sobre el tema nos demuestra que “entre el dicho y el hecho hay un trecho”.
