Durante este tiempo de pandemia cada estructura de la sociedad se ha ido cimbrando, evidenciándose las falencias de cada región geográfica. En México explotó todo lo que se hizo mal desde hace muchos años, hasta las actuales administraciones, inclusive: Tenemos muchas décadas de haber tolerado cacicazgos que han sometido a pueblos enteros a sus intereses; mayordomos que servían a Dios y al César, aunque muy poco a Dios, intereses sindicales y políticos, que hasta la fecha siguen retrasando el progreso y el bien común; actos de corrupción e impunidad con los amigos, junto con un innumerables situaciones.
En medio de todo, el Sistema Judicial ha llegado a grados insostenibles de falta de capacidad de reacción. Mientras en el mundo empresarial las personas buscan acortar distancias y ampliar oportunidades por medios virtuales y sistema de envíos, en el Sistema judicial, el cual ya era ineficiente, lleno de impunidad, lleno de prisioneros eternos sin una sentencia, ahora lleva varios meses de servicio intermitente y generalmente meses en que los juzgados han estado con guardias y sin acceso sin que las autoridades sean capaces de hacer reformas eficaces para permitir otras modalidades.
Lamentablemente, mientras hay estadistas que han usado la ciencia para tomar decisiones, aquí tenemos al mando en muchos lugares a personas que tienen como modelos a gobernantes del pasado que vivieron en un México que ya no existe. Es posible y a la vez horrible pensar hacia dónde irá nuestro plan de nación, o los planes regionales, estatales o locales, cuando quienes los elaboran o promueven están inspirados en personas que no vivieron en la era globalizada, personas que no consideraban a las mujeres como iguales, que permitieron muchas violaciones a los derechos humanos, mientras que no somos capaces de ver lo que han hecho los mejores países en la actualidad. Nuestros modelos a seguir no pueden ser solamente personas que nunca usaron una computadora, porque ahora es necesario tener a servidores públicos que entiendan la era digital. Sólo así tendremos a personas que sean capaces de reaccionar como han reaccionado los grandes CEOS de muchas empresas y no de la manera lenta y desorganizada como usualmente se ha respondido en el sector público en todos los niveles, pero en particular en el Sistema Judicial.
El sistema judicial sigue en su lentitud, que está aniquilando al Gobierno, sin ser capaces de dar servicio adaptando los procesos a la nueva normalidad de manera eficiente. Y ese es quizá el gran problema en el sistema judicial, que realiza adaptaciones que no son eficientes y no tienen orientación al servicio, simplemente porque el sistema judicial tiene el monopolio legal de la impartición de justicia y nos hemos acostumbrado a adaptarnos, como ciudadanos y no, como sucede en al ámbito privado, que las empresas buscan adaptarse al cliente para servirles de una manera más eficiente, brindando una mejor experiencia y asegurando la fidelidad a la marca. A veces pareciese, incluso, como si se exigiese que el avance de la ciencia y de las comunicaciones se adaptasen a los tiempos del sistema judicial, que aún atiende a sus usuarios con los procedimientos y ventanas de atención de una época que quedó muy atrás. Por ejemplo, hay en varias entidades gubernamentales, páginas de atención o registro por internet con horario de atención, cuando el internet no tendría que tener horarios de atención, cualquiera podría recibir servicio en cualquier momento.
El desempleo se ha disparado el mundo por la incapacidad de adaptarse de muchas personas, empresas y gobiernos, así que el cambio se asume, o se deja de cumplir con lo que se debía hacer, lo que termina provocando graves perjuicios a la humanidad. Nosotros, como parte de los profesionales del derecho, vemos cómo todo el sistema se está cimbrando y está a punto de caerse. El Gobierno, como parte fundamental del Estado, debe adaptarse, como lo hacen los países más desarrollados, o como lo hacen tantas valiosas empresas privadas.
Tantas semanas en las que los tribunales han estado cerrados o, en el mejor de los casos, intermitentes, ha habido un atraso increíble que al llegar a tal exceso sin una solución efectiva, estamos ante una violación de derechos humanos por negligencia. El sistema judicial mexicano en general y poblano en específico es un sistema colmado de obstáculos legales, procedimientos, formalismo procesal innecesario, normas rígidas que ya no tienen razón de ser, o que no consideran la primacía del bien de las personas. Deficiencias en materia de notificación, plazos de legitimación y admisibilidad, producción de pruebas y carga probatoria, número reducido de tribunales especializados (o de plano asistencia) y, por el contrario, presencia de dependencias carentes de mecanismos alternativos, o con adaptaciones mal diseñadas y peor ejecutadas.
En pocas palabras, se paralizó la actividad jurisdiccional. Pero esto no fu algo que se dio de un momento al otro. Llevamos un año de estar viviendo una emergencia sin que los poderes de la Federación hayan dado una solución adecuada para reactivar de manera sostenible y segura las funciones del poder judicial en un país en el que un amplio número de la ciudadanía no confía en la justicia del Gobierno. El problema de la crisis del sistema judicial es que, aunque los muertos de los asesinatos se apilan como los muertos por la pandemia, se van acumulando los seres humanos que no reciben justicia, lo que podría disparar los linchamientos, tan comunes en algunas localidades de nuestro país, así como un descontento social que podría ser generadores de perturbación social y catalizadores de más delitos. En pocas palabras, si el Sistema Judicial Mexicano a todos los niveles, pero en especial a nivel estatal, no toma las cartas sobre el asunto, verá cómo llegará a un estado total de colapso y un atraso que hará que la justicia no sea pronta y cumplida.
Durante este tiempo se han violado derechos humanos, cerrándoles el paso a un acceso efectivo a la justicia, dejando de observar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones pronta, completa e imparcialmente.
Para tener una referencia de la manera como se han prolongado los tiempos de respuesta del sistema judicial, un amparo, regularmente, es otorgado en 2 o 3 días, sin embargo ahora se tarda aproximadamente 15 días y no hay acuerdo, ni notificación, violándose así los Derechos Humanos.
Es necesario comprobar la competencia de los abogados que atienden las redes sociales, así como considerar contrataciones temporales para dar atención rápida a la alta demanda y/o la acumulación de procesos que existe ahora.
Con las reformas del sistema penal acusatorio, las teleaudiencias sería una opción viable, una iniciativa que se ha ido adaptando en diversos lugares, sin embargo en México aún tenemos problemas de cobertura, por lo que sería otra situación que se debe subsanar.
Las salas de de los tribunales y demás juzgados, deben adaptarse para que aquellos que no pueden acceder a la justicia por todos los medios que nos permite la tecnología actual, puedan presentarse con sana distancia y en espacios que consideren la ventilación natural y todas las medidas de bioseguridad requeridas de acuerdo a las OMS y las autoridades de salud del país.
No puedo dejar pasar la ocasión para reconocer las medidas que han implementado en materia penal y familiar, ya que no se han suspendido totalmente las actividades jurisdiccionales, pero lamentablemente han sido rebasados por la carga de trabajo. Es grave lo que está pasando y afectando de tal manera los procesos, que muchos casos judiciales han sido diferidos sin saber cuánto tiempo más hay que esperar. En los “Sentimientos de la Nación”, José María Morelos y Pavón decía: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare, y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.” Aunque este documento histórico posee algunos elementos que han quedado fuera de vigencia, este punto sigue siendo tan necesario antes como ahora. Espero que en el futuro no lejano podamos colocarle motor de plasma a la justicia y quitarle por un rato la venda, para que vea hacia el futuro y no quede anquilosada en leyes y maneras del pasado.
El camino es largo, sobre todo en el acceso a la justicia en materia penal, siendo una de las ramas del derecho más utilizadas y más vulnerables. El contacto con imputados o víctimas requiere de una cercanía constante de las autoridades. Los valores de la vida o la libertad quedan en entredicho para las personas que participan del proceso legal cuando se les deja en el limbo. Así, el proceso penal está pidiendo una total activación y actualización mediante estrategias plenas y para dar un mejor servicio. Espero que tomemos cartas en el asunto y no sumemos a la crisis de salud y la económica, una crisis de justicia, aunque para ser sinceros, con una impunidad del 95%, ya estamos hace tiempo en una crisis que por duradera, se ha convertido en un estado.
