Como cada 26 de septiembre desde hace nueve años, el país entero se pregunta
¿dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa? la indignación continúa,
asi como el dolor de las familias que viven con la incertidumbre
al no poderlos ver de vuelta o al menos recuperar sus restos.
Este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre el gran problema que enfrentamos como país,
que involucra a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; a los tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial; también debemos considerar que la participación ciudadana
es un elemento de importancia para frenar este terrible mal.
Es decir, la solución nos involucra a todos.
El caso de los cuarenta y tres estudiantes ha contado con los reflectores nacionales e internacionales,
miles de conversaciones en las redes socio-digitales y miles de notas y espacios de opinión,
sin embargo, existen cifras que nos pueden revelar el verdadero tamaño del problema,
ante una narrativa ciega y perdida de la realidad que se sostiene desde el poder federal
que una y otra vez, lo niega.
Con preocupación escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador quién no solo ha incumplido su promesa electoral de encontrarlos; también a obstaculizado el avance de las investigaciones, ahora recurre a la falacia de asegurar que de haber ganado en el 2006 esto no hubiera ocurrido… patético.
La cifra oficial, proveniente de la Comisión Nacional de Búsqueda de la secretaría de Gobernación Federal de 1964, año en que se comenzó a recabar información y hasta el primer trimestre de este año existen 112,248 registros de personas desaparecidas y no localizadas en las 32 entidades del país, de ahí se desprende que en los últimos tres sexenios han ocurrido el 83.75% de las desapariciones y que, del 1 de diciembre 2018 al 15 de marzo de 2023, suman 41,673 personas desaparecidas.
En casa debemos fortalecer el diálogo y cuidarnos unos a otros, con mayor responsabilidad los niveles de gobierno deben trabajar para garantizar la seguridad de los ciudadanos, revisando protocolos de actuación, medidas de prevención, contención y combate a la inseguridad y los otros dos poderes (Legislativo y judicial) debemos enfocar nuestros esfuerzos en un sistema de justicia en un marco legal que garantice la paz y la justicia.
Atrás de los 43 hay más de 41 mil que no han regresado a sus hogares y con sus familias. La política gubernamental y la política partidista debe dejar de lado la polarización de este tema para construir una verdadera solución, que por un lado detenga en definitiva esa cifra alarmante.
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