La herida sigue abierta.
Su nombre es Virginia, una mujer de 50
años que lleva veinte años buscando a su esposo.
Él se rebeló en su comunidad originaria,
donde un cacique de muchos años tenía secuestrado el
poder, amenazada a la comunidad y ejercía todo tipo de abusos.
Su esposo, Genaro decidió movilizar a la comunidad
para que por medio del voto, se pudiera sacar del poder a este cacique
y su grupo de aliados.
Sin embargo, luego de muchas tretas políticas, el grupo hegemónico se
mantuvo en el gobierno municipal y, luego de que un día llegaron oficiales de policía
vestidos de civiles a llevarse a Genaro
para hacer unas declaraciones que le pedían sobre un supuesto dinero
recibido para la campaña, Virginia no ha vuelto a verlo.
“Es una herida abierta que no se cierra
ni se cerrará hasta que encuentre a mi marido -dice Virginia entre sollozos-
podría estar vivo, muerto.
Si supiera que está muerto, podría al menos tener un lugar donde llorarlo, pero no
puedo cerrar ese duelo porque él no aparece.
Este infierno no va a acabar hasta que lo encuentre.”
La situación de Virginia es la misma de miles de personas
a lo largo de la historia de México.
La desaparición forzada, consiste en la privación de la libertad de una persona o grupos
de personas, por agentes del Estado o personas con el apoyo o consentimiento del Estado,
negando el reconocimiento de dicha privación y ocultando la información sobre el paradero de
los desaparecidos, es algo que empezó con especial fuerza durante la llamada Guerra Sucia
y agravada durante la Guerra contra el Narco, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, el actual gobierno, formado en gran parte por personas que sufrieron la persecución
durante la Guerra Sucia, no ha atendido adecuadamente el problema de la desaparición forzada,
por el contrario, señala que los movimientos de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos
están dirigidos por “grupos de intereses creados”.
Es importante recalcar que la desaparición forzada puede ser llevada a cabo por el Estado,
pero también una persona particular puede cometer este delito,
pero siempre con la ayuda del Estado.
Por ejemplo, con respecto a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa,
existe la versión, manejada por personas como la periodista Anabel Hernández,
que establece que los normalistas, al secuestrar un autobús,
tuvieron la desgracia de que este se encontrase lleno de droga y que,
al ser de interés de los narcotraficantes, decidieron asesinar a estas personas
con la ayuda de personas del ejército, seguridad pública y el Gobierno a diversos niveles locales.
Considerando los Derechos Humanos, la desaparición forzada es una violación
a los siguientes derechos:
Derecho al trato digno, Derecho a la libertad, Derecho a la integridad y
seguridad personal, Derecho a la igualdad ante la ley, Derecho a la legalidad, Derecho a la
seguridad jurídica, Derecho a la defensa y al debido proceso, Derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica y el Derecho al acceso a la justicia.
México es un país que ha suscrito diversos acuerdos internacionales para proteger a las
personas de esta violación a sus Derechos Humanos: La Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, documento vinculante,
en otras palabras, que es de carácter obligatorio para quien lo ratifica.
Además de este acuerdo, México también forma parte
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas de las Naciones Unidas.
En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, manchado, entre otras cosas,
por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se decretó la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, en el año 2017.
Esta ley tiene como objetivo distribuir las
facultades de los actores estatales para investigar las desapariciones y buscar a los desaparecidos;
tipificar las desapariciones; crear un Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional y las
Comisiones Locales de Búsqueda y el Registro de Personas Desaparecidas; entre otros fines.
Por otra parte, también existe la Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Declaración Especial
de Ausencia para Personas Desaparecidas.
Sin embargo, en un país que ocupa el cuarto lugar en el mundo con respecto a la
impunidad, con solamente un 5% de casos resueltos, la desaparición forzada ve en franco
aumento.
Un elemento a considerar es que a pesar de que la población estuvo en sus casas
durante gran parte del año pasado, delitos como el homicidio, feminicidio, desaparición forzada,
entre otros mantuvo cifras muy altas.
De acuerdo al portal Animal Político en julio de 2021, México ya ha alcanzado la
lamentable cifra de 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas.
Esta información fue proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda,
mencionada anteriormente.
De acuerdo con el cómputo de esta organización del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021,
hay 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 no localizadas.
Al leer estas cifras, debemos recordar que en México
la mayoría de delitos no se denuncian, por lo tanto, el número podría ser mucho mayor.
Durante los últimos dos gobiernos, se ha reportado la no localización de 3 mil 241 mujeres
adolescentes de entre 12 y 17 años como promedio anual, es decir, que cada día desaparecen
alrededor de 9 de estas personas.
Como todo acto de violencia, que es ejercido por parte de un
grupo de poder contra una minoría o persona en desventaja,
una gran cantidad de mujeres y minorías sexuales, políticas, étnicas
o religiosas son desaparecidas día con día.
Desde1983, de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ,
describió la práctica de las desapariciones forzadas en sí mismo como un crimen de la
humanidad.
Considerando el nivel de impunidad de México, los períodos continuos de conflictos
y la poca respuesta o respuesta limitada al papel que ha habido por parte de los gobiernos,
es predecible que la desaparición forzada sea una herida sin sanar hasta que de manera sistemática
y decidida se atienda a las voces de tantas personas que reclaman que “vivos se los llevaron, por
lo tanto, vivos los queremos.
