A pesar de todos los problemas que existen en nuestro país como las desapariciones forzadas, fosas clandestinas o los claros vínculos del crimen organizado con autoridades de primer nivel del partido oficial, las reformas de Morena apuntan a promover la censura en contra de las y los mexicanos que evidencian estos hechos.
Esta semana, las comisiones unidas del Senado aprobaron con 25 votos a favor,
11 en contra y dos abstenciones reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
que establecen sanciones penales de entre tres y siete años de prisión, así como multas
para “usos no autorizados de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos
o signos oficiales de los tres órdenes de gobierno”.
De acuerdo con el dictamen, las medidas aplican en casos de uso comercial
o cuando exista intención de inducir a error o engaño, sin que exista método de verificación.
La iniciativa será discutida y votada en el pleno el próximo martes 29 de septiembre; sin embargo, las críticas por esta medida que ha sido considerada como una limitación a la libertad de expresión no han dejado de ser constantes, pese a que la Constitución Política mexicana la protege.
Sin embargo, nuestro país se encuentra también dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión,
incluyendo buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento
y de expresión, prohibiendo la censura previa y cualquier método indirecto
que restrinja la libre difusión de información.
Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión sin ser molestado a causa de sus opiniones.
Es decir, que estas reformas están en contra de todos esos convenios, la pregunta es: ¿por qué Morena está dispuesto a violar los reglamentos internacionales para evitar la difusión de un meme, pero no entrega al gobernador de Sinaloa, vinculado y acusado por Estados Unidos por formar parte de una red de narcotráfico?
Estas acciones, y otras, como prohibir la doble nacionalidad cuando se trata de cargos a gubernaturas y presidencia de México, también parecen intentos por desviar la opinión pública porque ha sido imposible ocultar la verdad.
