La política no se volvió frívola cuando llegó a las redes sociales.
Se volvió frívola cuando comenzó a reemplazar el trabajo por contenido.
El problema no es que un funcionario comunique.
El problema es cuando la comunicación sustituye a la acción, cuando la estrategia digital desplaza a la política pública y cuando el algoritmo empieza a importar más que los resultados.
Hoy vemos a funcionarios bailando, cocinando, cantando, siguiendo tendencias. No es comunicación: es espectáculo. Y lo más preocupante no es el ridículo… es todo lo que se deja de hacer mientras se graba.
Hoy vemos también a funcionarias y funcionarios que construyen personajes para redes: se graban preguntando cuánto cuesta el outfit del día, presumen cambios de vestuario como si desfilaran en una pasarela, posan frente a la cámara con encuadres perfectamente estudiados y convierten la función pública en una especie de reality show institucional.
Vemos también políticos que ensayan la imagen de cercanía: se enfundan en una guayabera con bordados indígenas para proyectar humildad como la Presidenta, que toda su ropa lleva esos bordados, hablan del pueblo, apelan al territorio, se toman la foto entre sonrisas y apretones de mano… y minutos después se suben a una Suburban blindada de más de dos millones de pesos o a una camioneta Volvo de lujo.
No es comunicación política, es utilería.
Es una puesta en escena diseñada para aparentar empatía sin necesidad de ejercerla.
Y mientras la escenografía se perfecciona, México sigue esperando resultados.
Porque nuestro país no tiene un problema de falta de videos, tiene un problema de eficacia gubernamental.
Ahí están los datos:
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI reporta que más del 80% de la población percibe corrupción en el gobierno.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional ubica a México con apenas 31 puntos sobre 100, colocándolo entre los países peor evaluados de la OCDE.
El IMCO, por su parte, ha documentado de manera reiterada rezagos en desempeño institucional, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.
La desconfianza no es una sensación aislada, es una constante medible.
Y, sin embargo, la reacción de muchos gobiernos no ha sido corregir el fondo, sino maquillar la forma.
Más producción, más edición, más tendencias, menos gobierno.
Hoy, incluso fuera del discurso público, buena parte de la conversación política gira alrededor de preguntas preocupantes:
¿qué audio está funcionando?, ¿qué formato tiene más alcance?, ¿cómo le pegamos al algoritmo?, ¿qué personaje conecta mejor? O ¿Qué reels o Tik Tok’s nuevos son virales?
Se invierte más tiempo diseñando el siguiente video que resolviendo el siguiente problema.
En redes, el libreto se repite:
“Seguimos trabajando”,
“No paramos”,
“Cerrando el día con resultados”.
Pero la realidad es incómoda:
No es lo mismo trabajar que grabar que trabajas.
Y esa simulación tiene costos reales.
Mientras se construye una imagen, hay problemas que siguen creciendo: inseguridad, servicios públicos deficientes, desigualdad, rezago educativo, falta de oportunidades.
También hay un costo económico.
Cada año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinan miles de millones de pesos a comunicación social y publicidad oficial en los distintos niveles de gobierno.
Ese dinero es público.
No existe para alimentar egos, construir marcas personales ni financiar entretenimiento disfrazado de cercanía.
La Constitución, en su Artículo 134, es clara: la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional, fines informativos y jamás implicar promoción personalizada.
Pero en la práctica, la línea se ha vuelto cada vez más difusa.
Cuando un funcionario utiliza recursos, tiempo y estructura pública para fortalecer su personaje digital, deja de informar y comienza a promocionarse.
Y con ello erosiona aún más la confianza ciudadana.
Lo verdaderamente preocupante es que esto no sólo afecta la percepción pública; está modificando el perfil del político que el sistema premia.
Antes, con todos los defectos de nuestra vida pública, la política exigía formación, debate, capacidad de interlocución, conocimiento técnico, trayectoria territorial y oficio.
Políticos que presumían sus licenciaturas, maestrías en universidades en el extranjero, doctorados, diplomados, cursos, cargos, experiencia, etc. hoy, presumen cuántos seguidores nuevos tienen, cuántos likes tiene su último vídeo o cuántas vistas el vídeo más popular. ¿Notan la diferencia?… Es abismal y, también, preocupante.
Y en ese tenor, hoy, cada vez con mayor frecuencia, parece premiarse otra cosa:
la viralidad sobre la preparación,
el carisma sobre la capacidad,
la exposición sobre la experiencia.
La pregunta de fondo ya no es si un video resulta ridículo.
La pregunta es mucho más seria:
Si seguimos premiando al político más visible y no al más preparado, ¿qué tipo de clase gobernante estamos construyendo?
¿Están llegando los perfiles más capaces para resolver los problemas públicos más severos o simplemente los más conocidos, los más fotografiables, los que mejor entienden el algoritmo?
Porque si la política se convierte en espectáculo, inevitablemente atraerá a quienes buscan escenario, no responsabilidad.
Y un país gobernado por personajes corre el riesgo de quedarse sin estadistas.
México no necesita funcionarios más virales, necesita funcionarios más capaces.
Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para informar, rendir cuentas y acercar el gobierno a la ciudadanía.
Pero cuando sustituyen al trabajo, dejan de ser herramienta y se convierten en evidencia.
Evidencia de una política que dejó de gobernar para empezar a actuar.
La historia nunca recordará quién dominó el algoritmo.
Recordará quién tuvo la capacidad de resolver cuando el país más lo necesitaba.
