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Ayuntamiento de Puebla garantiza legalidad en otorgamiento de plazas

Ante la dinámica de desinformación emanada de

ciertos grupos políticos respecto a la resolución del

Cabildo por otorgar el nombramiento de bases a

favor de diversas trabajadoras y trabajadores del

Ayuntamiento y sus entidades, la administración local aclara lo siguiente:

Que las garantías derechos y laborales de los

trabajadores de la administración municipal se

respetaron en todo momento conforme a la ley,

sin prácticas irregulares como sucedía en el pasado.

“Desde hace unas semanas atrás se ha hecho de

conocimiento público el proceso (de otorgamiento).

La Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública

aprueba y posteriormente el Cabildo hace el proceso

correspondiente”, detalló la presidenta municipal,

Claudia Rivera Vivanco.

Acotó que ninguna de las bases de trabajadores

sindicalizados que fallecieron durante el trienio se

removerán o quitarán al sindicato, pues el Ayuntamiento

actuará conforme a sus principios de ponderación a la autonomía de esta instancia.

Sobre las facultades de los líderes sindicales para

intervenir en el nombramiento de las bases laborales,

el secretario del Ayuntamiento, Edgar Damián Romero

Suárez, tildó que la Ley de los Trabajadores al Servicio

del Municipio no dicta en ninguno de sus artículos que

la Comuna deba acatar las disposiciones de esta figura

en la materia, por el contrario, sí establece en el artículo

98 que no se puede aceptar la cláusula de exclusión en

las relaciones colectivas de trabajo, es decir, ese privilegio

que se perpetuaba a los sindicatos para elegir quiénes

ingresan al servicio público de la capital.

“El Ayuntamiento tiene la obligación, al seleccionar

las plazas de base, de atender a los requisitos de la ley,

la presentación eficiente de los servicios públicos, y a

que estas personas cumplan con las condiciones del

nombramiento”, acotó el funcionario.

La información de estas basificaciones se hará pública en próximos días en la Gaceta Municipal, cuidando en todo momento los derechos a la protección de datos personales de las y los servidores públicos involucrados.